Tegucigalpa, Honduras martes 7 de abril,  2020

En “Martes de Diálogo con el NIMD”, abordamos el tema “Atención Social Pública y Transparencia en el marco del COVID-19” con el propósito de desarrollar un diálogo con un enfoque participativo con la socialización de información y visiones que permita generar conocimiento social sobre las principales medidas implementadas por el gobierno, las cuales buscan mitigar la necesidad alimentaria, de atención social y a su vez garantizar la transparencia en el manejo de recursos e igualdad ciudadana.

Contamos con la participación de nuestros invitados: Rolando Sierra, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Honduras y Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación Hondureña para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante de Transparencia Internacional; con la moderación de Luís Daniel León, director ejecutivo del NIMD Honduras.

• El COVID-19 ha venido a golpear fuertemente al país, en especial a los sectores en situación de vulnerabilidad, este impacto se traduce en dificultades sociales para poder enfrentar medidas de cuarentena, puesto que la mayor parte de la ciudadanía depende de un día a día para la generación de ingresos, en función de esto y la necesidad social de alimento y acceso a servicios básicos en este momento crítico, ¿Cuáles son las principales medidas implementadas por el gobierno de Honduras para mitigar este impacto, cómo funcionan, qué nivel de efectividad pueden tener, qué se podría mejorar?

Carlos Hernández: “en los últimos años, Honduras ha venido viviendo una multicrisis social desencadenada por muchos factores, y a ello sumamos un sistema de salud muy frágil, de hecho, el tercer más frágil de América Latina, siendo este sector uno de los más afectados por la corrupción en el país, y con la pandemia vemos como se agudiza esta crisis. Por otro lado, tenemos muchas familias viviendo en condiciones de pobreza y del día a día, sin los recursos suficientes para sobrevivir a la cuarentena, de ahí que la medida del gobierno de asistencia alimentaria a 800 mil familias en el área urbana puede considerarse positiva, aunque tengamos dos millones de personas viviendo en la línea de pobreza.

La otra parte son las medidas económicas, pero ahí vemos a un sector privado muy activo, dando seguimiento a cada una de las disposiciones, mi preocupación es, quién está representando a aquellos microempresarios y pequeños emprendedores, como mis vecinos que son agricultores, y cómo aseguramos que las medidas económicas les beneficien y la ayuda también llegue a ellos, los que más necesitan”.

Rolando Sierra: “es una paradoja que el mayor corredor de desarrollo del país es también el mayor corredor de riesgos, por lo que el punto de partida es revisar cómo estaba el país antes de la pandemia, analizar la capacidad que el gobierno tenía en cuanto a la gestión de riesgo, porque la primera visión ha sido una respuesta reactiva y no prospectiva ante la crisis, lo que nos indica que no estábamos preparado. Esto nos deja como primera lección la necesidad de revisar el modelo de gestión de riesgo y cómo pasar de un modelo reactivo a un modelo de gestión prospectivo para adelantarnos y definir mecanismos para enfrentar la crisis.

El desafío que se impone es territorial como lo hemos visto en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Colón. Hay medidas necesarias como atender a la población, garantizar acceso a los alimentos y adoptar medidas económicas, pero desde mi perspectiva no se ha abordado concretamente el tema de salud, y esto es una crisis de salud, ante esto el reto que se impone desde la ciudadanía es el desafío de eficiencia, eficacia y transparencia en las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la crisis”.

• En una sociedad donde se ha perdido la confianza en casi la totalidad de la misma, el garantizar la transparencia de estas acciones y que las mismas lleguen realmente a los necesitados, sin sesgos políticos es fundamental, en materia de transparencia, ¿Cómo estas medidas pueden transparentarse para generar confianza?

Carlos Hernández: “desde Transparencia Internacional, compartimos con el gobierno un manual de prevención de la corrupción en crisis como la generada por el COVID-19, una de las cosas que creemos es que debe haber máxima publicidad en las compras gubernamentales vinculadas a la crisis, necesitamos saber quiénes son los proveedores para darle seguimiento, garantizar el acceso a la información, activar las agencias públicas antimonopólicas (como el IAIP, Comisión de Competitividad, TSC), debemos activar las auditorías en tiempo real, concentrar en una sola plataforma de toda la información relativa a las contrataciones, la Ley de Sinager lo contempla.

La emergencia no puede ser una justificación para evitar una apropiada rendición de cuenta, la Constitución de la República nos faculta a todos para hacer veeduría social, es un derecho ciudadano, tenemos que proteger hasta el último centavo, y por último tenemos que demandar que el gobierno de la república sea enérgico en la sanción a cualquier funcionario que se le vea que está haciendo acciones ilegales. Desde Transparencia Internacional decimos que robar en época de emergencia -como esta- debe ser considerado un delito de lesa humanidad, por que no se justifica y debemos condenarlo”.

Rolando Sierra: “es fundamental ver los componentes de la transparencia, es decir el control de la discrecionalidad, el uso del presupuesto debe ser participativo, debe existir la rendición de cuentas por parte del gobierno central y local, garantizar el acceso a la información, es necesaria la auditoría social este es el momento oportuno para reactivar la Comisión Ciudadana de Transparencia y permitir la participación ciudadana, para lograr la transparencia en los procesos.

Esto también pasa por el capital social del país, que tiene que ver con los niveles de confianza que los ciudadanos tienen dentro de una sociedad y los niveles para establecer redes sociales, en Honduras lastimosamente, nuestro umbral de capital social es sumamente bajo, los estudios revelan que más del 80 por ciento de los hondureños no confían en las instituciones públicas. El desafío es incrementar el capital social con una gestión transparente de parte de gobierno central y municipal”.

• En un país con altos niveles de corrupción como lo ha revelado Transparencia Internacional, ¿Cómo se puede promover el derecho de veeduría social durante la pandemia?

Carlos Hernández: “es el momento de reactivarnos, todos somos vulnerables ante esta crisis que estamos viviendo, debemos estar conscientes que la corrupción mata, porque le roba la oportunidad hoy a que las familias puedan tener recursos necesarios para enfrentar la situación, la corrupción no permite tener un sistema de salud que le pueda garantizar a la población el goce de un derecho humano fundamental, como es la salud.

Es un tema de sobrevivencia, tenemos que defender lo que nos pertenece, los recursos que el gobierno está destinando para atender la emergencia, ya superan el presupuesto de la Secretaría de Salud. Insisto tenemos que asumir la responsabilidad de proteger los recursos y demandar al gobierno que haga lo que le corresponde, con transparencia y rendición de cuentas”.

Rolando Sierra: “el punto de partida fundamental en el tema de convergencia en el sentido que todos los actores de la sociedad hondureña tenemos que converger en torno a una respuesta y una gestión lo más eficiente, eficaz y transparente a las necesidades que la crisis está imponiendo, en la medida que desde el Estado se logre y se permita esta convergencia, el nivel de impacto será diferente en la sociedad.

El desafío que tiene el gobierno es como generar confianza en la ciudadanía y en la medida que la convergencia se dé propicia una situación de confianza. Esto de quedarse en casa no significa que estemos de forma pasiva, si no más bien ser una ciudadanía cada vez más activa, propositiva y emancipada”.

El director ejecutivo del NIMD, Luís Daniel León, resaltó que “el diálogo genera propuesta y la propuesta genera soluciones”, resumiendo el interés del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria de cara a la crisis provocada por el COVID-19.

Propuestas:

1. Revisar el modelo de gestión de riesgo para pasar de un modelo reactivo a un modelo de gestión prospectivo para adelantarnos a la crisis.
2. Hay que definir mecanismos para asegurar que las medidas económicas beneficien a todos y que la ayuda llegue a los más necesitados.
3. Garantizar eficiencia, eficacia y transparencia en las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la crisis.
4. El gobierno debe permitir máxima publicidad en las compras gubernamentales vinculadas a la crisis, e informar quiénes son sus proveedores.
5. Es necesario, garantizar el acceso a la información pública.
6. Debemos activar las auditorías en tiempo real, la Ley de Sinager lo contempla.
7. El Presidente de la República debe ser enérgico en la sanción a cualquier funcionario que se le vea que está haciendo acciones ilegales.
8. Hay que generar espacios de diálogo participativo y propositivo.
9. El uso del presupuesto debe ser participativo y unido a la rendición de cuenta.
10. Reactivar la Comisión Ciudadana de Transparencia y permitir la participación ciudadana, para lograr la transparencia en los procesos.
11. Hacer veeduría social es un derecho ciudadano, la Constitución de la República nos faculta.
12. Todos los actores de la sociedad hondureña tenemos que converger en torno a una respuesta y una gestión lo más eficiente, eficaz y transparente posible.

¡Quédate en Casa!
#eldialogonosedetiene

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