América Central

Tegucigalpa, Honduras, martes 21 de abril de 2020

En el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD por sus siglas en inglés), creemos que la democracia es la clave para lograr la paz, la estabilidad y la prosperidad en los países, y hoy esa democracia se ve desafiada por una pandemia que se ha convertido en una amenaza para todo el mundo.

En ese contexto, y con el propósito de continuar con el desarrollo de los conversatorios en línea, el quinto diálogo fue con un enfoque regional, para analizar los efectos del COVID-19 en las democracias de Honduras, El Salvador, Guatemala y Colombia; países con presencia del NIMD.

Los participantes invitados, fueron los Directores Ejecutivos del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria: de El Salvador, Juán Melendéz; de Guatemala, Susan Batres; de Colombia, Angela Rodríguez y de Honduras, Luís Daniel León, con la moderación desde Holanda de Heleen Schrooyen, Asesora de Relaciones Estratégicas del NIMD.

RESPUESTA GUBERNAMENTAL A LA CRISIS POR COVID-19

Partimos por analizar la respuesta oficial para atender la crisis provocada por el COVID-19 en los países de la región, con el propósito de generar un diálogo objetivo que nos conduzca a la construcción de propuestas que pueden generar soluciones, pensando siempre en el bienestar de la población, y entre ellos los más vulnerables.

Susan Batres, Directora Ejecutiva del NIMD en Guatemala: “es bastante pronto para definir si las medidas adoptadas por el gobierno guatemalteco son adecuadas o no, pero hay que reconocer que en poco tiempo se ha avanzado bastante y en general se ha logrado contener hasta cierto punto la expansión masiva del virus. Los retos siguen siendo significativos y por supuesto que hay grandes preocupaciones”.

“Es determinante que se tengan mecanismos de rendición de cuentas que obliguen a una acción de auditoría social y fiscalización de los programas, y preocupa la conformación de los listados de las personas que son atendidas por el gobierno, que evidencia el clientelismo político que ha sido muy común es nuestra sociedad. También preocupa las renuncias y destituciones en la cartera de salud que se puede interpretar de dos maneras una que el gobierno no está permitiendo acciones corruptas, pero por otro lado, el hecho de estar cambiando funcionarios debilita el proceso. En el ámbito local, vemos que los listados para priorizar a las personas más necesitadas no están teniendo un proceso limpio ni participativo, el mensaje es que les interesa utilizarlos clientelarmente para posicionarse políticamente o pagar deudas políticas”.

 

Luís Daniel León, Director Ejecutivo del NIMD en Honduras: “tenemos que empezar aceptando que un país como el nuestro es un país con muchas carencias, el COVID no viene más que a generar un conflicto más de los que ya existen. El sistema democrático hondureño funciona desde una perspectiva muy imperialista que utiliza la mayor parte de las decisiones a través de ese caudillismo de gobierno, que ha generado que el manejo del COVID por ratos pareciera que funcionara y por ratos que no”.

“Primero quiero plantear que hay que identificar la capacidad del Estado, de sus instituciones y del gobierno para dar respuesta, hasta ahora estamos llegando casi a los 500 infectados y de los cuales el 10 por ciento ha fallecido, tenemos la tasa de mortalidad más alta de Latinoamérica, eso nos pone en jaque como país, por la capacidad del estado para atender esta crisis y por la capacidad logística para dar respuesta. El otro tema es la capacidad operativa y presupuestaria, cuya capacidad sobrepasa la demanda social que existe”.

“Lo primero que nosotros identificamos en este proceso de atención al COVID es la capacidad de las instituciones que se ve sobrepasada por la demanda social en término de toda la necesidad de salud. El otro tema es el servicio social ciudadano que no se ha logrado consolidar en estas últimas semanas, nosotros tenemos ya 35 días de estar en cuarentena, un país que tiene un alto porcentaje de economía informal y con el 70 por ciento de la población que vive el día a día, no logra mantener una disciplina de cuarentena como se debería, pero esto se debió de traducir en algún momento por una decisión de Estado en garantizar el acceso a alimento a los sectores de mayor vulnerabilidad. Un tema fundamental es garantizar los derechos humanos mínimos de la población”.

Juán Meléndez, Director Ejecutivo del NIMD, en El Salvador: “El Salvador fue de los primeros países que reaccionó anticipadamente a la crisis, pero hay que ver dos grandes efectos, la crisis sanitaria y la forma de atenderla. Los efectos van a ser fuertes, estamos claros. El gobierno decidió atender la emergencia en base al miedo, que no fue una medida muy acertada, y claro ya la población con miedo va a validar cualquier medida porque va querer sentirse protegida”.

“Es importante analizar algunos datos para entender cómo se está atendiendo la crisis, El Salvador es uno de los países de América Latina que más está apoyando a los regímenes no democráticos, como las Fuerzas Armadas; otro aspecto es que el gobierno del Presidente Bukele, hace un corte de las políticas sociales implementadas por los dos gobiernos anteriores y el tercero es que el gobierno, al no obtener la aprobación de un crédito, irrumpe en la Asamblea Legislativa con la Policía y las fuerzas armadas en una clara demostración de poder que hace el Presidente”.

“En este escenario más el miedo sumado por el COVID-19, la respuesta es liderada por un enfoque de seguridad más que sanitario, y vemos que ordenan cierre de aeropuertos y una cuarentena de 30 días para todos los que venían del extranjero cuando la OPS/OMS recomendaba sólo 14 días. Se cerraron las actividades no esenciales, con un comercio informal de calle y servicios a domicilio que sólo puede acceder la clase media. Se reacciona a tiempo, pero con un enfoque de infundir temor en la población, liderado por las Fuerzas Armadas y no por los expertos en salud, lo cual no fue muy acertado, a mi parecer”.

 

Angela Rodríguez, Directora Ejecutiva del NIMD en Colombia: “la respuesta ha sido similar en la medida de los contextos, a pesar de que la diferencia en la cantidad de habitantes y las particularidades de cada país son enormes. En Colombia, más o menos el 60 por ciento de la fuerza laboral recibe un ingreso diario exclusivamente, lo que pone sobre la mesa las dificultades de las desigualdades sociales”.

“La gran paradoja es que parte de la población civil se alegra porque se siente segura pero no hace reflexión acerca de cómo estamos cediendo nuestros derechos y libertades civiles bajo estos mecanismos. Todavía ese debate no ha llegado porque el pánico es generalizado, no desde una propaganda del gobierno, pero si por la falta de información”.

“Esta crisis puso en evidencia la enorme desigualdad social que vivimos los colombianos, no solo en términos de acceso a bienes y servicios sino la enorme diferencia entre las grandes ciudades y los territorios, es decir las periferias, conforme se alejan los territorios de las grandes capitales, los servicios de salud son más precarios y el alcance de los gobiernos locales para proveer subsidios a sus ciudadanos. Lo que también desenmascara la corrupción, cada día vemos en las noticias como algunos gobernantes locales hacen mal uso de los recursos aprobados para dar ayuda a los ciudadanos”.

EFECTOS DEL COVID EN LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Susan Batres, “el Congreso Nacional ha jugado un papel fundamental durante la crisis, es quien aprobó el programa de financiamiento para atender esta crisis, y ha sido muy difícil alcanzar acuerdos y lograr que el congreso tenga un enfoque de derechos humanos. Ayuda muchísimo que hay diputados nuevos con una visión distinta a los diputados tradicionales. Sin embargo, el Congreso Nacional está siendo muy cuestionado porque sabemos que la función de fiscalización de los diputados en este momento de crisis es fundamental”.

“En este momento, la calidad de la democracia pasa por cambios en aspectos políticos, económicos y sociales. En la parte política, los Estados tienen el gran reto de redefinir las estructuras institucionales para mejorar la capacidad de respuesta ante la crisis, como la estamos viviendo hoy. Es imperativo eliminar la institucionalidad que no ha tenido capacidad de responder a la crisis, es el momento que los sectores vulnerables sean el objetivo central de la acción gubernamental”.

Luís Daniel León, “en Hondura, en las últimas dos semanas la discusión gira en relación con los conatos de corrupción del mal manejo de los fondos destinados para atender la emergencia por COVID-19. Somos uno de los países de Centroamérica que más recursos ha destinado para atender la emergencia, se han habilitado casi 25 mil millones de lempiras para combatir la crisis, sin embargo, uno de los principales problemas es la poca transparencia con la que se están manejando estos fondos de frente a lo que un espacio nacional democrático debería determinar en términos de transparencia”.

“Lo que nos preocupa es que identificamos una alta inestabilidad política, aquí hay una lucha de poderes importante entre sector de gobierno y opositores, debido a que la falta de transparencia en el manejo de los fondos está generando la ingobernanza en este momento, donde la población no está respetando esas medidas. En resumen, los esfuerzos que se están desarrollando, aparte de opacos, son demasiados politizados y eso no permite generar confianza hacia los demás sectores, vemos una muy baja participación social ciudadana y políticas públicas muy rápidas y no consensuadas. El diálogo debe ser la base fundamental de la toma de decisiones, por lo que se debe generar alta participación ciudadana, no puede el gobierno seguir manejando la gestión del COVID a través de una decisión unilateral cuando el beneficio es multilateral”.

Juán Meléndez, “en El Salvador, se plantea un escenario complicado porque el gobierno ha determinado centralizar la toma de decisiones y sólo utiliza al Congreso para que se le aprueben decretos de emergencia. Ha habido muchas violaciones a los derechos humanos en el marco del uso de la fuerza”.

“El presidente tiene índices de aprobación bastante altos, y la situación de confinamiento hace que las expresiones populares sean más complicadas, lo que ha generado que la Asamblea General y todas las organizaciones que estén en desacuerdo con el gobierno estén bajo ataque por personas afines al presidente. Se están cerrando los espacios democráticos al estar confinados y los únicos espacios que te quedan de expresión son estos, las redes sociales”.

Angela Rodríguez, “la ciudadanía en general está ocupada y preocupada por sobrevivir, es constante ver manifestaciones públicas en las calles de gente que está esperando la ayuda del gobierno -y aún no la reciben- pidiendo que los dejen salir a trabajar, que prefieren morir infectados por COVID que morir de hambre”.

“Con ese escenario, no es fácil encontrar una asociación entre democracia y mejoramiento de sus condiciones, en este momento las personas están generando demandas enormes en Colombia, sobre el Estado, gobierno central y locales, lo que realidad nos muestra es que esa relación es insostenible a largo plazo. El ejercicio ciudadano de vigilancia, control y participación activa es precario en este momento con una ciudadanía que está luchando por sobrevivir”.

EL NIMD FACILITA EL DIÁLOGO

Por su parte, Heleen Schrooyen, Asesora de Relaciones Estratégicas del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y moderadora del Diálogo Regional Efectos del COVID19 en las democracias de Honduras, El Salvador, Guatemala y Colombia, manifestó que “la crisis es siempre una oportunidad para generar cambios” y ahora es tiempo de actuar.

CONCLUSIONES:
  1. No se están cumpliendo los parámetros de compras y contrataciones del estado, lo que propicia la corrupción y genera desconfianza.
  2. Se violenta la constitucionalidad con la excusa de atender la emergencia generada por COVID-19.
  3. Se ha generado la promoción del miedo en la población, en algunos casos promovido desde el gobierno.
  4. Se violenta los derechos civiles y humanos de los ciudadanos con las medidas implementadas para prevenir la propagación del virus.
  5. El ejercicio ciudadano de vigilancia, control y participación activa es precario con una ciudadanía que está luchando por sobrevivir.
  6. La respuesta a la emergencia se está realizando de forma autoritaria, sin consenso con los expertos y la ciudadanía.
PROPUESTAS:
  1. Es urgente fortalecer alianzas para demandar una participación democrática e inclusiva en la toma de decisiones.
  2. Es necesario llevar a la práctica los valores democráticos, que priorizan los derechos humanos de la población.
  3. Que los políticos piensen en los intereses colectivos y no en los particulares, no es momento para individualismos.
  4. Es el momento de construir una nueva relación con la ciudadanía, redefiniendo los roles y las responsabilidades de cada sector.
  5. No se debe sacrificar los derechos humanos por preservar la salud.
  6. El diálogo debe ser la base fundamental de la toma de decisiones, por lo que se debe generar alta participación ciudadana.
  7. Hay que generar planes que permitan pasar de la improvisación a la planificación.

Puede acceder al video completo con las recomendaciones en el siguiente enlace:

#eldialogonosedetiene

Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria