A principios de la década de 2000, los primeros ejercicios de alternancia política pusieron a prueba la resistencia de las jóvenes democracias de
en Guatemala, El Salvador y Honduras. Los acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala marcaron el final de los regímenes militares y las guerras civiles, dando paso a un periodo de cambio institucional.
Se crearon organismos electorales y autoridades de derechos humanos , se introdujeron mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y se amplió la participación política de mujeres y jóvenes . Apoyados por la cooperación internacional, los tres países también adoptaron políticas sociales destinadas a reducir la pobreza y el desempleo.
A pesar de estos esfuerzos, las reformas no llegaron a garantizar un bienestar duradero a la población. La violencia relacionada con las bandas se convirtió en un problema dominante en , lo que llevó a los gobiernos a aplicar políticas de «mano dura contra la delincuencia». Aunque su eficacia se debate en , estas medidas recibieron un amplio apoyo. En marzo de 2022, el estado de excepción en El Salvador proporcionó el marco legal para intensificar dichas políticas . Aunque estas políticas plantean serios problemas de derechos humanos, siguen siendo populares y se consideran cada vez más un modelo en los países vecinos Honduras y Guatemala.
En NIMD, creemos que es esencial entender por qué los ciudadanos están dispuestos a cambiar los derechos que tanto les ha costado conseguir
por seguridad. ¿Qué lleva a las comunidades a dar menos importancia a la democracia , a pesar de los sacrificios que ha hecho para conseguirla? Aunque existen datos cuantitativos sobre estas tendencias a nivel nacional y regional , esta investigación cualitativa pretende ir más allá.
Lee el documento completo en este enlace: «Democratic Backsliding and Security Governance in Central America»
Lee el resumen ejecutivo en este enlace: «Executive Summary: Democratic Backsliding and Security Governance in Central America»
